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Cuando inauguraron en Junín una sucursal Banco de Avellaneda

 


Fue en la década de 1920. Funcionó en el inmueble de calle Belgrano 46/48. Contaba con "alcancías metálicas para fomentar el ahorro infantil". En la foto, el inmueble en su estado actual donde funcionó la sucursal Junín de la entidad financiera, a unos 50 metros de la plaza "25 de Mayo". MIRA QUIENES ERAN LOS EMPLEADOS DE DICHO BANCO EN LA EPOCA


El sábado 29 de septiembre de 1923, el diario La Verdad publica que el domingo 7 de octubre -de ese año- será inaugurada una sucursal del Banco de Avellaneda -entidad financiera cuya casa central cerró en 1992 tras decretarse judicialmente la quiebra-.

El artículo periodístico indicaba lo siguiente:

"El próximo 7 de octubre en su espléndido edificio de la calle Belgrano Nro. 46 y 48 se inaugurará la sucursal local del Banco de Avellaneda. como hemos informado ocupará la gerencia el Sr. Carlos I. Sturla, la contaduría el Sr. Agustín F. Bancalari y el Sr. Secundino Boriani, la tesorería. Además de las operaciones generales que desarrollará la citada institución bancaria ha introducido también el renglón de las alcancías metálicas para fomentar el ahorro infantil, siendo el banco de Avellaneda el tercero de la república que ha adoptado ese beneficioso sistema.

Por la tarde del día de la inauguración se celebrará en el local del banco, una reunión a la que asistirá lo más destacado del comercio y la industria locales. Habrá discursos y se servirá un lunch. Asistirá al acto el gerente general señor Franco Fattorini y todo el directorio que lo integran los señores Alejandro Garaicochea, doctor Manuel Beguiristam, Eduardo Sambrizzi, doctor Ramón Mignaburu, Oscar Schnaith, Felipe Maquirrian, Eugenio Ben, Celedonio Peralta, Juan Arrido, ingeniero José D Aphato y Juan P. Recondo".



Alcancías metálicas para fomentar el ahorro infantil. En la década de 1920, el banco de Avellaneda figuraba como la tercera entidad financiera del país "que ha adoptado ese beneficioso sistema", destacaba la crónica periodística de la época.

EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL

En la edición del sábado 15 de septiembre de 1923 -quince días antes de la inauguración-, el diario La Verdad publica: "Hallándose a punto de finalizar todos los trabajos preliminares de instalación de la sucursal local del Banco Avellaneda que iniciará sus operaciones en la localidad dentro de pocos días , acaba de designar el personal a cuyo cargo estarán las tareas de la filial de la Ciudad.

Esas designaciones han recaído en empleados antiguos y meritorios de la Casa Central que por su conocimiento y práctica del mecanismo bancario, están en condiciones de realizar una labor eficaz en el desempeño de las funciones de crédito que atenderá la nueva institución.

Para el puesto de gerente ha sido nombrado el señor Carlos L. Sturla; para atender la contaduría el señor Agustín Bancalari y para el cargo de tesorero el señor Secundino Boriani. Celebrando estos acontecimientos en el restaurante Firenze de Avellaneda, se ofreció una demostración de compañerismo ofrecida por los empleados de la casa matriz, que vendrán a esta Ciudad".

En la edición de La Verdad del sábado 15 de septiembre de 1923 se informaba en la sección "Vida Social": "Se encuentra en esta acompañado de su familia para su radicación en la localidad, el distinguido caballero Sr. Carlos Sturla, quien como informamos en otro lugar, ha sido designado para desempeñar el cargo de geela sucursal local de esa institución de crédito. Deseamos al nuevo vecino, grata estada entre nosotros y el mejor de los éxitos en la misión de confianza que se le ha confiado".

UN BANCO QUEBRADO

No hay mucha información sobre qué fue del banco de Avellaneda pero el mismo quebró según se indica en sentencias judiciales como la de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 9 de Octubre de 2013, expediente C 110506 cuyo texto parcializado es el siguiente:

Sentencia

Presidente Genoud-Soria-Kogan-Pettigiani

Fecha de Resolución 9 de Octubre de 2013

Emisor Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General:

La Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Z. confirmó la sentencia dictada por el juez de la instancia anterior que, a su turno -v. fs. 802/806 vta.-, había desestimado el incidente de revisión promovido por el quebrado Banco Avellaneda S.A. contra los créditos oportunamente insinuados por el Banco Central de la República Argentina declarados admisibles (fs. 896/903).

El representante y letrado apoderado de la entidad bancaria fallida impugnó dicho pronunciamiento mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 907/921) cuya vista, conferida por V.E. en fs. 1.004, pasaré a responder seguidamente.

Leídos y examinados con atención los agravios desarrollados a lo largo de la extensa presentación recursiva que tengo en vista, me encuentro de condiciones de anticipar mi opinión adversa a su suficiencia y consiguiente progreso.

Tras extraer sintéticamente los motivos de impugnación que el Banco Avellaneda S.A. apelante sometiera a su consideración, el órgano de apelación actuante se ocupó de dejar liminarmente sentado que el crédito del Banco Central de la República Argentina cuestionado en la incidencia encuentra su causa en los rubros que obran consignados en el certificado que dicha entidad liquidadora expidió al cierre de las operaciones ocurrido en fecha 26 de octubre de 1992 obrante en fs. 4 de la verificación. Sostuvo que dicha constancia documental ostenta el doble carácter de instrumento público de un lado, en los términos de los arts. 979, 980, 993, 994 y 995 del Código Civil de modo que su autenticidad y legitimidad hace fe hasta tanto sea redargüido de falso y, del otro, de título causal en el sentido de que se halla dotado de fuerza demostrativa de la fuente o causa de la obligación dada la indicación que contiene de las circunstancias que dan motivo a su emisión. Dicho ello, señaló a continuación que corre por cuenta de la institución bancaria revisionista la carga de acreditar la inexactitud de las afirmaciones que lucen volcadas en el documento aportado por el Ente Rector.

Procedió, seguidamente, a tratar el agravio según el cual la circunstancia de que el Banco Central no haya formulado reserva alguna en torno de los intereses en ocasión de efectuar el débito de Australes 943 millones de la cuenta corriente n° 021 de la que era titular el Banco Avellaneda en esa entidad con fecha 5-XI-1991, canceló el derecho a perseguir su cobro en el futuro por aplicación de lo dispuesto en el art. 624 del Código Civil.

Al respecto y luego de examinar el dictamen pericial contable practicado en autos (v. fs. 385 vta./386) y estudiar las prescripciones contenidas en los arts. 50, inc. 4, 54 y 56 de la ley de entidades financieras 21.526, el tribunal de alzada consideró, en síntesis, que de la conjugación de las Resoluciones n° 515/91 y 53/90 emitidas por el Banco Central, la reserva de los intereses quedó suficientemente cumplida en la misma fecha en que se computó realizado el débito sobre la cuenta corriente 021 habida cuenta que dicha entidad señaló expresamente que se tornaron exigibles la totalidad de las cantidades que se le adeudaban dentro de las cuales quedaron comprendidos los intereses y accesorios.

Desechó luego el acierto de la impugnación dirigida a discutir la legalidad de que el Banco Central haya extraído de la cuenta 021 el importe citado transfiriéndolo a la cuenta 9018 siendo que ya se había dispuesto la liquidación del Banco Avellaneda estando su cuenta ya cerrada. Sostuvo al respecto que el Ente Rector obró en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 50, inc. 4 de la ley de entidades financieras 21.526 que le permitía aplicar los recursos necesarios para satisfacer la devolución de los depósitos y a los cargos por ese servicio sin necesidad de requerir autorización al juez de la quiebra.

Desestimó también el órgano de alzada la procedencia del agravio enderezado a sostener que el crédito insinuado por el Banco Central se generó por la desviación de poder y mala administración en la que incurrieron los agentes del susodicho organismo que actuaron durante la intervención. Sobre el particular, sostuvo que habiendo promovido la entidad fallida un juicio de conocimiento contra la conducta desplegada por el Banco Central en orden a la procedencia de la disolución dispuesta así como de la intervención que le cupo a los liquidadores, no podía ser objeto de tratamiento y resolución en el marco de la presente incidencia sin violentar el principio constitucional “non bis in idem”. A lo que agregó que la tramitación de dichas actuaciones no obsta al curso de las presentes ni genera prejudicialidad, dado que de advertirse la existencia de una conducta ilícita en el proceder del Ente rector o de sus agentes, quedará la posibilidad de acudir a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados en la medida en que se diluciden las respectivas responsabilidades, mas no se abrirá el canal de revertir la falencia ni la determinación del pasivo dispuestas en el proceso de quiebra. En abono de tal solución transcribió, en lo pertinente, la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes jurisprudenciales que citó.

Por último, desechó las objeciones vertidas sobre el valor y mérito de los balances confeccionados en el curso de la intervención del Banco Avellaneda con motivo en la falta de control de parte de sus accionistas. Asiéndose de la pericia contable practicada en autos concluyó en que los socios de la entidad fallida participaron en las asambleas ordinarias para el tratamiento de los períodos 1987, 1988 y 1989 y prestaron mayoritariamente su aprobación. Y que la contabilidad de los períodos 1990 y 1991 no mereció impugnación en los términos del art. 251 de la ley de sociedades comerciales"

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